El Ministro de Economía, Román Escolano, anunció a finales de abril de 2018 la puesta en marcha de un nuevo impuesto a las empresas tecnológicas.
El anuncio se produce tras las numerosas protestas por las llamadas "pensiones dignas" que garantizan el poder adquisitivo de los pensionistas. El Gobierno, que hace unos meses afirmaba que las pensiones no podían crecer y que ello amenazaría la estabilidad presupuestaria, quiere ahora subir las pensiones y hacerlo mediante unas medidas muy criticadas desde diversos sectores.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicaba cómo la subida de las pensiones se sufragará con este impuesto a las tecnológicas. Según los datos del ministro de Hacienda, las pensiones más bajas subirán este año por encima del IPC (Índice de Precios al Consumo), mientras que el resto se incrementarán un 1,6%.
Estas subidas tendrán un coste de 1.500 millones de euros, mientras que en 2019, cuando se prevé que las pensiones suban el IPC, ese coste ascenderá a 1.800 millones de euros. Para poder afrontar ese coste Montoro explicaba cómo "habrá que ir actualizando impuestos, no sobre el consumo, sino sobre actividades económicas que hoy no están pagando suficientes impuestos".
La propuesta consiste en la creación de un impuesto del 3% sobre la facturación (ingresos, no beneficios) por servicios digitales a empresas tecnológicas que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Esas condiciones hacen que el número de empresas afectadas por esta "nueva tasa Google", como la califican algunos, sea mucho mayor que en el pasado, cuando se contemplaba tasar a empresas que facturasen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones de euros en la UE.
El anuncio se realizaba tras el Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Un evento en el que los Veintiocho precisamente hablaron sobre ese teórico nuevo impuesto a nivel comunitario, pero que se rechazó tras el bloqueo de una decena de países.
Eso no parece obstáculo para que dicho impuesto empiece a funcionar en España. Así lo destacaba el ministro de Economía, el Sr. Escolano, que añadía que la idea es que la medida "entre en vigor cuanto antes". Como indican en Público, la medida cuenta no cuenta ni mucho menos con el apoyo de la mayoría de estados miembros.
España, Francia o Italia sí aprueban este impuesto, pero otras como Irlanda, el Reino Unido o Suecia rechazan medidas unilaterales (como la que parece haber tomado España) y piden una solución internacional.
Otros como Alemania no acaban de decidirse en este apartado, pero ese debate no parece afectar a la decisión del gobierno español, que seguirá adelante en línea con lo que ya habían hecho países como Reino Unido o Francia, según Escolano. De hecho el ministro explicaba que la tramitación de esta medida irá "en paralelo" con la de la Unión Europea, aun cuando esta última aún sigue debatiéndose.
El Sr. Escolano indicaba como mencionábamos que la intención del gobierno es poner en marcha la medida lo antes posible, y el objetivo de hecho es el de activarla antes de fin año.
En El País señalan como el Sr. Escolano ha enviado ya el nuevo Plan de Estabilidad en el que se incluye el incremento de pensiones "pero mantiene intacto el objetivo del déficit".
Los números del Gobierno, que prometía que esas medidas irían "en paralelo a la UE", no encajan para este diario: Bruselas daría a Hacienda 500 millones de euros en 2018 y otros 500 en 2019: muy lejos de los 3.300 millones de euros que cuesta subir las pensiones en los dos próximos años.
La propuesta del gobierno primero tendrá que ser aprobada, algo que podría tardar meses —como ha sido el caso con los presupuestos generales del estado— o incluso no producirse. Para Escolano la justificación es obvia: "no es justo que las empresas tradicionales paguen impuestos y las tecnológicas no contribuyan".
Si embargo varios sectores critican estas medidas, empezando, claro está, por las propias tecnológicas, que califican la idea de una improvisación del Gobierno. Como señalaban en Cinco Días, las empresas tecnológicas defienden que el impuesto sobre ingresos es "especialmente dañino" para empresas que no tienen beneficios o que están en negocios con mucha competencia y precios muy ajustados a costes, "ya que la tasa iría directamente a los ingresos y no tendría en cuenta los márgenes de beneficio".
La asociación CCIA Europe (Computer & Communications Industry Association) que engloba a muchas grandes tecnológicas europeas también critica el impuesto, indicando que es "discriminatorio" y destacando que ignora el consenso mundial de que la llamada economía digital no debería ser diferenciada.
Los propios técnicos de Hacienda ven muchas sombras en la medida. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calificaba de "imposible" el objetivo buscado por el Gobierno. Ponen en duda que una medida así pudiera entrar en vigor antes de 2020, pero además consideran que España "ingrese algo más de 500 millones a medio plazo, bien alejado de los aproximadamente 1.600 millones que costaría indexar las pensiones al IPC".
Análisis independientes como el del divulgador económico Marc Vidal también plantean muchas dudas sobre una medida que de hecho aunque está activa en otros países europeos lo está de una forma distinta: "En Francia", señala en su análisis, "parte de esa tasa paga el presupuesto destinado a la modernización industrial del país. De hecho sirve para que Francia destine 23 veces más que España a la Industria 4.0 y no a lastrar la economía".
