Qué pasa con la libertad de expresión cuando una ley contra el odio permite borrar contenido sin intervención judicial
En unas semanas se cumplirán tres años de la entrada en vigor del nuevo Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana en España, más conocida como ley mordaza. Una norma, esta última, que ha convertido faltas en infracciones administrativas sustituyendo a los jueces y juezas por las fuerzas y cuerpos de seguridad a la hora de decidir sobre un hecho.
Según datos citados del Gobierno de España, fueron tres millones de infracciones las que salieron del control judicial. Desde que la norma está vigente, quien decide en primera instancia sobre una de estas infracciones es la policía. Como explicaba en su día el abogado Carlos Sánchez Almeida, "ante un juez se puede debatir si una determinada conducta está amparada por la ley", pero discutir un hecho con agentes policiales supondría "ser detenido por desobediencia".
En Alemania, el año pasado, se aprobó una controvertida ley contra el odio en las redes sociales por la cual compañías como Twitter, Facebook o YouTube están obligadas a borrar contenidos reportados como ofensivos por sus usuarios sin intervención de la judicatura. Entró en vigor el pasado primero de enero.
Cuando se trata de "contenidos manifiestamente delictivos", tienen un plazo de 24 horas para llevar a cabo la eliminación. En casos más leves, el margen del que disponen es de una semana. Si sistemáticamente estas plataformas sociales no acatan la obligación, las autoridades alemanas pueden multarlas con hasta 50 millones de euros según recoge esta recientemente aprobada legislación.
Sin embargo, lo más llamativo es que la ausencia de intervención judicial va más allá que en el caso español.
En el caso de esta ley, conocida como NetzDG en Alemania, quien decide si los contenidos reportados incurren o no en injurias, amenazas, incitación a la violencia y delitos de odio son las empresas responsables de los servicios en los que aparecen. Y solamente aplica a estos medios, a las "redes sociales", a las "plataformas diseñadas para que los usuarios compartan contenidos entre ellos o para hacer que ese contenido sea disponible para el público" según la norma.
Por tanto, Twitter, Facebook o YouTube —por la definición no se verían directamente afectadas WhatsApp o Telegram— se convierten en jueces que dictaminan qué contenidos son permisibles y cuáles no, cuáles son o no son "manifiestamente delictivos", a riesgo de poder equivocarse y sin que un juez o una jueza tomen partido arreglo al resto de leyes del país.
Como en el caso español, esta situación ha despertado los recelos de diversos colectivos. Desde los activistas que defienden un internet libre a expertos en derecho que consideran esta legislación una externalización de la justicia en el país. Todos temen que tal contexto pueda provocar el bloqueo masivo de mensajes denunciados por los usuarios que no constituyan delito alguno, limitando la libertad de expresión.
Tras la entrada en vigor de la NetzDG el primer día de este 2018, los problemas y polémicas comenzaron a surgir. Una de las primeras cuentas, si no la primera cuenta afectada por el nuevo marco regulatorio, fue la de una líder del partido ultraderechista Alternativa para Alemania.
La vicepresidenta de esta organización y diputada en el Bundestag, Beatrix von Storch, criticó mediante un mensaje en Twitter la difusión de un aviso de la policía de la ciudad de Colonia en el que se apelaba a una Nochevieja pacífica en varios idiomas, incluido el árabe. Habló de "hordas de hombres bárbaros, musulmanes que violan en grupo".
El mensaje policial estaba destinado a prevenir sucesos como los ocurridos hace dos años atrás, cuando se denunciaron centenares de abusos sexuales cometidos supuestamente por jóvenes norteafricanos durante las celebraciones de fin de año, y la policía de Colonia denunció el tuit de la política, siendo su cuenta bloqueada temporalmente por Twitter.
Las críticas de la ultraderecha alemana por esta decisión no se hicieron esperar, como tampoco las sátiras sobre el mensaje difundido por la líder extremista. Titanic, la más popular de las publicaciones satíricas de Alemania, ironizó sobre la crítica al mensaje policial ofreciendo "asilo" a los mensajes de la diputada de Alternativa para Alemania, que llegó a parodiar parafraseándolos.
Pese a tratarse de una sátira, la cuenta de la revista satírica también terminó bloqueada. Este hecho provocó multitud de críticas como las de la Asociación de la Prensa alemana.
El redactor jefe de Titanic, Tim Wolff, dijo a finales de enero que "la ley sí es compatible con la libertad de expresión, pero con un giro alemán". En declaraciones a El Salto, reconoció que puede tener buenas intenciones, "pero en vez de hacer que Twitter y otras empresas responsables alerten si hay mensajes de odio que puedan constituir un delito, les exige que lo borren rápidamente, como si no hubiera ocurrido". Y concluye: "Eso es algo muy alemán: '¿Nazis? Una cosa del pasado…'".
Más allá de las calles, los Gobiernos de cada vez más países quieren regular lo que se dice en las redes sociales mediante mecanismos vistos por muchos como excesivos, carentes de garantías. Hablamos en el caso alemán de discursos de odio principalmente, pero al margen de estos, el acoso, la intimidación o la desinformación son otras realidades oscuras de las plataformas sociales que también se desean combatir.
Lo que puede amenazar la libertad de expresión es, sin embargo, que dentro de esas conductas reprobables y a censurar puedan entrar otros comportamientos inofensivos, aceptables por el conjunto de la sociedad en función del grado de tolerancia que se tenga, sin que una autoridad judicial así lo decida. Como los tuits sarcásticos, el humor negro o las críticas que van más allá de palabras para todos los públicos.
