El sector del taxi vuelve a estar en pie de guerra en España, y desde hace unos días estamos viendo paros y violentas manifestaciones en contra del las empresas de VTC (Vehículo de Transporte con Chófer), como Uber y Cabify. ¿Pero por qué volvemos a estar así cuando hace apenas un mes os contábamos que el Tribunal Supremo había dado el visto bueno a las limitaciones de las VTC?
Pues básicamente porque los taxistas quieren algo más que este límite, como que se transfieran a las comunidades autónomas y los ayuntamientos las competencias pertinentes para instaurar sus propias regulaciones en torno a las VTC. Para intentar entender mejor lo que está pasando, vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles son las peticiones de los taxistas.
El 27 de septiembre de 2009 entró en vigor la ley española 25/2009, de 22 de diciembre de 2009, conocida popularmente como la ley ómnibus. Establecía cambios legislativos encaminados a la liberación del sector servicios, y al incluir al sector del taxi eliminaba la limitación de licencias VTC abriéndole las puertas de par en par a empresas como Uber o Cabify.
En 2013 la situación volvió a cambiar cuando el gobierno del PP cedió a las presiones del gremio de los taxis y quiso modificar esa ley para intentar limitar las concesiones a las VTC. Pero al tratar de volver a la proporción de una licencia de VTC por cada treinta de taxis, se encontró con el resquicio legal de que el Supremo no entendía la vuelta al límite.
Hubo dos sentencias que sentaron una jurisprudencia que provocaría que las miles de licencias de VTC de ese periodo que se han reclamado por vía judicial fueran, con toda probabilidad, ratificadas. Esto caldeó los ánimos, lo que hizo que a finales del año pasado el sector del taxi volviese a empezar a movilizarse.
Llegó febrero, y como cada año los taxistas volvieron a amenazar a la ciudad de Barcelona con movilizaciones durante el Mobile World Congress. La alcaldesa de la ciudad maniobró en su favor prometiéndoles que le exigiría a las VTC una licencia extra, algo que Fomento consideraba que no podía hacer por invadir sus competencias, ya que sólo el estado puede exigir licencias de transporte. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendiese el pasado julio de forma cautelar ese reglamento.
Este movimiento por parte del TSJC puso en pie de guerra a los taxistas de Barcelona, a los que poco después se unieron los de Madrid y le siguieron los de otras comunidades autónomas. Hasta el momento hay paros efectivos o previstos para estos días en Valencia, Baleares, Andalucía, Alicante, Zaragoza, País Vasco o La Rioja.
El actual partido en el gobierno es el PSOE, pero para gobernar necesita el apoyo de Podemos, que a su vez está claramente posicionado en favor del taxi. Esto hace que el Ministerio de Fomento finalmente ceda y decida retirar las cautelares en contra de esta norma, abriéndole las puertas a poder transferir la competencia de las licencias a las comunidades autónomas.
Ante estos cambios en las decisiones políticas, los taxistas ahora se ven en una buena posición para hacer fuerza y radicalizar sus propuestas para que se acabe legislando a su favor. Lo que quieren es básicamente que se cambie la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y el reglamento que la desarrolla.
Con ello, los taxistas esperan que el gobierno finalmente acabe cediéndole a las comunidades autónomas y los ayuntamientos las competencias pertinentes para instaurar sus propias regulaciones en torno a las VTC. De esta manera, los ayuntamientos que estén a su favor podrán tomar sus propias decisiones y generar reglamentos propios limitando las licencias VTC en las ciudades.
Los taxistas también quieren que se vuelvan a limitar las licencias de las VTC, permitiéndoles tener sólo una por cada 30 licencias de taxi. Insisten en que la ausencia actual de límites está poniendo un sector público en manos de empresas privadas, y que está generando competencia desleal por parte de empresas como Uber o Cabify.
Estas son sus peticiones principales, pero también tienen otras como que se impida que las VTC puedan hacer trayectos urbanos, la congelación de nuevas licencias VTC o el registro y control de Uber y Cabify.
Con estas medidas, las licencias de miles de vehículos VTC que actualmente tienen autorización para operar quedarían fuera de juego. Esto generaría reclamaciones masivas en los tribunales y una gran cantidad de indemnizaciones, algo en lo que se apoya el TSJC para mantener el suspenso de la norma de Barcelona por poder "derivarse daños y perjuicios difíciles de restañar aun en la hipótesis de una sentencia estimatoria firme".
Ante esta situación, el Ministerio de Fomento está intentando llegar a un acuerdo con ambas partes. Hoy mismo, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Pedro Saura, se encontrará al mediodía con Fedetaxi, Élite Taxi y Antaxi, principales asociaciones de los taxistas. Y mañana martes le llegará el turno al sector del que forman parte Uber y Cabify, y representantes de la patronal UNAUTO.
Además de reunirse con ambas partes, fomento también adelantará a este miércoles la Conferencia Nacional de Transporte prevista inicialmente para el 11 de septiembre. En ella se reunirán los representantes de taxistas, VTC, comunidades y ayuntamientos, y el Ministro de Fomento José Luis Ábalos presentará sus planes para acabar con el conflicto.
